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Refuerzo de la Justicia

Publicado en Dossier Opinión
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Editorial de La Razón

 

 

 

La independencia judicial no es un valor cualquiera de la democracia. Sin ella, un pilar clave de esta última perdería solidez y la consecuencia se traduciría en un Estado de Derecho erosionado cuando no fracturado y cuestionado. Como principio consagrado en cualquier Constitución que se precie de garantizar un régimen de libertades, los poderes del Estado tienen el deber de preservarla en toda circunstancia de quienes la atacan o siquiera la mediatizan. La salud de la democracia depende en buena medida de que los jueces puedan realizar su cometido sin interferencias, injerencias o coacciones. Y los ciudadanos lo saben bien y lo valoran. En estos últimos días hemos asistido a una campaña de acoso y derribo a la jueza Mercedes Alaya por parte del principal partido de la oposición. Si ya su instrucción del probablemente mayor escándalo de corrupción con fondos públicos de la democracia había sido interferida por punzadas menores y alguna bajeza mayor hasta la fecha, el salto adelante en la investigación, con la imputación de dos decenas de altos cargos y ex cargos de la Junta de Andalucía, ha provocado que los socialistas se lanzaran en tromba contra la persona que consideraron responsable de abrir una causa general contra el partido. Rubalcaba, en este punto, ha cometido un error de bulto al encabezar una estrategia y una respuesta tan reprobable como contraproducente para la imagen de un partido de gobierno. En este caso, no tendrá fácil que se cumpla aquello de que difama que algo queda, porque las evidencias son las que son. Pudo reconvenir una situación en la que quedaron retratados sus autores, y que dañó de forma injustificable un concepto capital para la Justicia. Este episodio ha puesto de manifiesto que el propósito del Gobierno de aprovechar la reforma judicial para reforzar las garantías y la independencia de los magistrados está justificado. Según adelanta hoy LA RAZÓN, el Ejecutivo sopesa incluir entre esas modificaciones que el Consejo General del Poder Judicial pueda proceder contra cualquier conducta perturbadora del correcto desarrollo de la función judicial con una orden cuya desobediencia sería constitutiva de delito contra la Administración de Justicia. Se plantea también que el juez unipersonal que se sienta acosado pueda requerir que el asunto sea enjuiciado por una sala que formaría junto a otros dos jueces del mismo tribunal. Se trata, obviamente, de propuestas que fortalecen y enriquecen las garantías ya existentes en el ordenamiento vigente y que, por tanto, deben ser bienvenidas. Que se necesite consolidar la protección y el amparo de la actividad jurisdiccional no resulta en sí mismo una señal positiva, pero que los jueces encuentren en el Gobierno un compromiso real con su independencia es un respaldo adecuado a la honestidad y la entrega del Poder Judicial.


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