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Descrédito institucional y degradación de la convivencia

Publicado en Análisis
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No hace falta ser filósofo para entender que la política no es un lugar donde se generan los cambios que necesita el pueblo sino el espacio donde se administran los intereses del poder. Sólo basta ver pasar un día tras otro, observar con actitud crítica y sacar conclusiones. Cada vez más salen a relucir casos de corrupción en los que algunos gobernantes, partidos, tribunales y sindicatos forman parte del entramado de privilegio y exoneración que los ciudadanos desprecian, tras comprobar que éstos se degeneran entre el descrédito más absoluto y la ineptitud sistemática. Sus discursos, promesas de cambio y disculpas públicas no son ya admisibles. Hablan de buen gobierno y no lo practican. Prometen transparencia y no la ponen en práctica. Dicen defender el interés general, pero en la práctica se ponen al servicio de los intereses privados más monopolistas. Se les tendría que caer la cara de vergüenza cuando continúan pidiendo más confianza, solidaridad y colaboración entre los que ya nada tienen, cuando en realidad lo único que les importa es lo que les dictan aquellos a quienes les deben su salvación; es decir su status futuro. Este artículo repasa algunas de las contradicciones del contexto al que nos somete lo que denominamos “crisis económica”, cuyos efectos y otras razones de fondo como la erosión de la legitimidad de las instituciones, secuestradas por unas élites opacas que hacen de ellas un uso patrimonial,  han tenido una repercusión especial en el caso de España.

 

Por Manuel Hernández González (*)

 

Este mundo es surrealista, la señora directora de Fondo Monetario Internacional cobrará 381.397 euros anuales, un 11% más que su predecesor. El sueldo total viene de dos bolsas distintas: 323.485 euros de salario anual, libre de impuestos sobre la renta, más un suplemento de 57.912 euros.

 

Según ha hecho público la institución, la señora Christine Lagarde no tendrá que justificar cómo gasta este complemento. Se supone que la dirigente lo usará para llevar “un ritmo de vida adecuado a su posición” y a las necesidades que requiera el FMI. Christine Lagarde, que  se ha visto envuelta en procesos por corrupción como ministra en Francia, es quien dictamina a los pobres españoles que, para crear puestos de trabajo, tienen que reducir el 10% de sus raquíticos sueldos.

 

El fariseísmo de esta oligarquía afirma que el progreso social nace de equiparar los sueldos de los trabajadores europeos a los de BanglaDesh, porque si no no podemos competir en la fabricación de vaqueros y demás tejidos, dado que sus salarios son más altos.

 

Irlanda es el ejemplo de toda esta política social en la que, mientras permite uniformizar los salarios, no ocurre lo mismo con los impuestos de las sociedades multinacionales. El ejemplo más reciente es el de Amazon que puede acabar con las librerías europeas, como ha terminado con las norteamericanas porque paga en su sede social de Luxemburgo un 3%, mientras que los españoles que compran sus ebooks pagan un 21% de iva. Así cualquiera. Lo que equivale a decir que el milagro irlandés es para las multinacionales.

 

Microsoft o Apple, por citar ejemplos de empresas “pequeñitas”, no solo no pagan en España, sino que encima les sale a devolver porque están domiciliadas en Irlanda. El colmo es que después critican a Ryanair, pero solo se aprovechan de esos privilegios. 

 

Por su parte, en España se ponen ahora por razones políticas críticos con Gibraltar por ser un paraíso fiscal, pero no es el único de Gran Bretaña, que tiene en  las Islas Caiman, las del Canal, Bermudas, Man y hasta en la City de Londres,  sociedades domiciliadas que apenas pagan, mientras que a la clase media la abruman con impuestos cada vez más altos.

 

La lógica del mercado dice que son las sociedades “las que crean riqueza”. Pero en España sucede lo contrario. A toda costa, se quiere acabar con el estado del bienestar, privatizando hasta el aire, pero no precisamente para los inversores privados, sino para una oligarquía que se impone con sus privilegios y se permite hablar de liquidación del estado parasitario, no para eliminar las estructuras burocráticas, sino para repartirse, libre de impuestos, ese pastel e imponer a los trabajadores sus condiciones de trabajo cada vez más leoninas.

 

Un ejemplo de “ese liberalismo” lo vemos en el más clarividente ideólogo de esa sectaria corriente de pensamiento, el ministro Soria, que, al tiempo que nos deja a merced del “mercado” en lo referente al coste de la luz, aniquila a un sector en el que quiere acabar con la autoproducción de energía, no solo desestimulándola, sino impidiendo que se incorpore a la red e incluso gravándola con un impuesto superior al 20%. Y todo en nombre de una falsa política liberal.

 

En esa falacia ha terminado el liberalismo que nos gobierna, en contra de una mayor equidad social y de una mayor libertad individual, cuya rigidez doctrinaria está en connivencia con el fervor especulativo, además de otros cuestionables hitos de la gestión política en el poder.

 

De manera que no es una casualidad comprobar dónde han culminado sus carreras los ministros de industria que nos han gobernado. ¡Viva el liberalismo!

 

(*) Por Manuel Hernández González. Profesor Titular de Historia de América de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Periodista, historiador y autor de numerosos libros sobre la emigración canaria en América.  


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