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El espejismo de las universidades privadas en España Destacado

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Estudiantes universitarios durante una manifestación en el rectorado de la Universidad de La Laguna para protestar contra los recortes en educación. Estudiantes universitarios durante una manifestación en el rectorado de la Universidad de La Laguna para protestar contra los recortes en educación.

 

 

Los gobiernos del PP, el PSOE y algunos autonómicos han cometido un error en un asunto crucial: no preservar a los estudiantes ante el auge de universidades privadas beneficiadas por el Estado que ponen en riesgo la equidad y calidad de la docencia, la investigación, la innovación y transferencia tecnológica. Este reportaje intenta arrojar algo de luz sobre una debate plagado de tópicos y de contradicciones, en la que casi siempre se acusa a las universidades públicas de graves problemas de ineficiencia, endogamia sistémica, de vivir de espaldas a la empresa y de falta de transparencia, sin tener en cuenta que pese a la escasa financiación que reciben los campus públicos españoles investigan y producen más proyectos de innovación que las universidades privadas.

 

 

CanariasCNNews

 

 

Nada menos que el cuarenta por ciento de las universidades españolas son de carácter privado. Eso significa que de un total de ochenta y tres campus, treinta y tres han sido creados por iniciativa no pública. Se trata de unos datos que contrastan con los existentes en 1990, cuando solo cuatro universidades tenían esa condición; siete años más tarde ya eran una docena y en la actualidad su cifra se ha incrementado espectacularmente.

 

El auge de estos centros empezó en 1990 a partir de la regulación establecida por el Gobierno socialista, que facilitaba enormemente los requisitos para la apertura de nuevos establecimientos. Esa tendencia fue seguida posteriormente por el Ejecutivo popular y, en general, por los que rigen las diferentes comunidades autónomas, muy proclives a la creación de estas universidades en sus respectivos territorios, cuyos impulsores son grandes empresas, fondos de inversión y, tradicionalmente, la Iglesia Católica.

 

El problema aparece cuando no se puede garantizar la calidad de las enseñanzas ofrecidas ni tampoco una mínima actividad investigadora. Y es que en España las universidades privadas, a diferencia de los Estados Unidos, han nacido con una clara vocación: ganar dinero regalando títulos a los padres que pagan sus carreras.

 

En Norteamérica existen universidades privadas de enorme prestigio, regidas generalmente por fundaciones, que tienen su objetivo en la formación de individuos de la élite. No nacen con un afán de ganar dinero porque no producen beneficios y su fin principal se centra en mantener una calidad elevada de formación e investigación, valores en los que fundamentan su cualificación y su crédito, algo que se revalida constantemente. Frente a ellas pululan universidades de ínfima categoría cuyo único objetivo es dar títulos a alumnos con el mínimo de requerimientos. Pero en Estados Unidos la selección se produce no por el título en sí sino por la calidad de la universidad en que este se ha obtenido.

 

 

Hijos de Papá: privilegios a discreción

Las universidades privadas España, salvo algunas contadas excepciones que exigen un mínimo de calidad y cuyos objetivos no se fundamentan únicamente en la expedición de títulos, han nacido para colocar un segmento de `hijos de papá´, que por su nula formación tienen muy difícil obtener una licenciatura o un grado en la universidad pública. Cuando uno de estos alumnos se incorpora, sus padres saben que todo el sistema está planteado para que con el mínimo esfuerzo y exigencias sus hijos obtengan el título requerido.

 

Da igual de qué titulación se trate. Según especialistas de la Comunidad Valenciana, una región en la que se ha fomentado mucho la creación de centros privados, la inflación de la oferta universitaria amenaza con hacer estallar las costuras de algunas profesiones y, además, se concede títulos que se solapan con los otorgados por las públicas. La situación se agrava cuando tampoco está claro si la oferta es adecuada en relación a la demanda del mercado laboral, lo que representa un efecto negativo para el conjunto de la sociedad.

 

Así y todo, cada vez resulta más fácil la apertura de una universidad privada porque los requisitos no resultan todo lo exigentes que cabría pensar. Una de las consecuencias de ello es que, por ejemplo, el profesorado de esos centros tiene una mínima cualificación; apenas hay doctores y no se plantea en lo más mínimo su capacitación como investigadores, que es uno de los objetivos centrales de toda universidad que se precie. Se trata de aprovechar a universitarios parados que no encuentran trabajo para aprovecharse de ellos, para que den clases de todo lo factible, aunque esté muy alejado de su formación.

 

Rara vez se les contrata, la gran mayoría trabaja a destajo cobrando apenas 60 euros brutos por hora de clase, quedando gratis todo el tiempo restante, sin derecho a vacaciones, teniendo que pagar un seguro como autónomos. Asimismo, no se les facilita lo más mínimo para ser profesores en el pleno sentido de la expresión en un ámbito como el universitario. Deben dar clases de todo. Además son especialmente vigilados para que logren su propósito, que es el de aprobar a sus alumnos. Papá paga y no se contempla que sus vástagos suspendan.

 

Es más, en algunas universidades se fiscaliza y sanciona severamente a aquel profesor que se le ocurra suspender a sus estudiantes. Así se explica que alumnos mediocres que alargan en la pública su carrera y que suspenden y aprueban en el menor de los casos a trompicones, sacan notas altas en tales universidades, jactándose de la facilidad con que sus expedientes tienen un alto número de sobresalientes.

 

Mientras que en la Universidad pública se exige alta cualificación y se fiscalizan los grados y su profesorado mediante exámenes de todo tipo, -como sexenios de investigación, encuestas de alumnos y pruebas pedagógicas periódicas, examen periódico de los grados, se informa en sus webs de la cualificación de sus profesores- en la privada la oscuridad de los títulos, de los profesores que los imparten, de su cualificación, es el rasgo más característico porque seaprovechan del paro para explotarlos, por lo que a la más mínima oportunidad dejan la universidad por un horizonte de mayor cualificación.

 

 

Bendiciones ministeriales

En los últimos años el gobierno del PP y su ministro Wert ha favorecido todavía más este tipo de universidades, reduciendo sus exigencias en todos los ámbitos, al mismo tiempo que ha penalizado la pública con menos dinero, más dificultades de acceso a becas, un notable encarecimiento de las matrículas, una reducción elevada de profesores por jubilación y nula tasa de reposición. A ello se añade una brusca reducción de los dineros para la investigación, hasta el punto de poder derivar a medio plazo en su estancamiento por no reponer profesores y facilitar la contratación a tiempo parcial.

 

Sus últimas medidas han demostrado palpablemente que su objetivo es beneficiar a toda costa una universidad privada degradada y solo dedicada a regalar títulos a los padres que la paguen, explotar miserablemente a sus profesores, aprovechándose del paro y de una legislación laboral favorable a la explotación de los trabajadores.

 

La reducción a tres años de los grados y el aumento de un año en los masters permite canalizar hacia la universidad privada un segmento de alumnos cada vez más alto, ya que los masters no tienen becas en España a diferencia de lo que pasa en el resto de Europa. Ante ello, crecerá la oferta de masters privados, en los que con profesorado poco cualificado y mínimo, con muy pocos doctores y profesionales con formación en ese nivel superior, se darán títulos regalados a quienes puedan permitirse el lujo de pagar las exorbitantes matrículas. Al degradarse los grados, se obliga a los alumnos a sufragar costosos masters a los que los padres de pocos recursos no pueden hacer frente.

 

Esta reforma viene acompañada de facilidades para contratar profesores con criterios menos universitarios y con la simplificación de los criterios para crear universidades privadas, copiando el modelo norteamericano, vigente en Hispanoamérica, que para constituirla solo hace falta una cuadra y dos o tres profesores. La diferencia es que esas universidades allí tienen un ínfimo prestigio y sus títulos no sirven para nada, todo lo contrario que en España.

 

Con todo, la existencia de ochenta y tres campus universitarios en nuestro país, por más que lo parezca, no resulta una cifra desorbitada. De hecho, es equivalente a la de cualquier país desarrollado de las mismas dimensiones sociales y económicas. Lo que ocurre es que la calidad de la mayor parte de esos centros de carácter privado no alcanza un mínimo aceptable y no se ajusta en absoluto a las necesidades.

 

En definitiva, lo importante no es si la formación es pública o privada, sino si la actividad académica que se lleva cabo en estos centros sea de la máxima calidad.

 

En cualquier caso, no hemos planteado en este reportaje ni la mitad de los problemas que se existen en el ámbito de la educación superior. Pero sí estamos convencidos de que éste es el debate que debemos mantener durante los próximos años, no sólo en España sino también en Canarias para conseguir una auténtica sociedad y economía del conocimiento.

 

La escalada de favoritismos a las universidades privadas, apoyada por los diferentes gobiernos, pone en gravísimo riesgo la estabilidad en toda la cadena de la formación universitaria española, y debe cesar cuanto antes.


 

 

 



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