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El Estado y la maraña administrativa de Canarias dejan a su suerte a un centenar de pueblos isleños

Publicado en Canarias
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Demoliciones en Cho Vito, 2008 Demoliciones en Cho Vito, 2008

Bajo el cínico título de “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral”, la reforma de la Ley de Costas de 1988 amenaza con poner en peligro a un centenar de pueblos y asentamientos de las Islas, muchos de ellos, de gran importancia etnográfica y cultural, pero, sobre todo, el hogar de cientos de familias canarias. La propia norma, ya en el Senado, establece la posibilidad de establecer excepciones y tratamientos diferenciados para lugares convenientemente catalogados y defendidos como merecedores de ello. Sólo la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas parece haber puesto en marcha este proceso, si bien las administraciones canarias se conforman con esperar que en el Senado aparezca un milagro que cambie las cosas. Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace España ha asegurado a Canarias Cultura & Negocios que todos los pueblos con derecho a ello podrían haberse legalizado hace años, pero que en muchos casos esta legalización no se ha llevado a cabo para ocultar otras irregularidades urbanísticas que benefician a determinados intereses económicos.

 

 

 

Por Nuria Engelmo (especial desde Madrid)

 

 

La reforma de la Ley de Costas de 1988 (Ley 22/1988, de 28 de julio), desde el pasado 28 de febrero en el Senado, ha vuelto a poner en la picota a un centenar de pueblos y asentamientos de las Islas,  muchos de ellos de gran importancia etnográfica y cultural, pero, sobre todo, el hogar de cientos de familias canarias. La propia norma establece la posibilidad de establecer excepciones y tratamientos diferenciados para lugares convenientemente catalogados y defendidos como merecedores de ello. Sólo la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas parece haber puesto en marcha este proceso.

 

La  reforma de la ley deja a Canarias, a todas luces, fuera de juego; no tiene en cuenta sus especificidades, no recibe ni una sola excepción, como otras comunidades,  y tan siquiera recibe mención alguna, a pesar del nutrido grupo de enmiendas presentadas por la diputada nacionalista canaria Ana Oramas. En general, sus aportaciones iban dirigidas a la defensa de las competencias en la materia por parte de la Comunidad Autónoma, y a mantener la situación bajo control desde el Gobierno canario y desde los propios municipios. Una vez hechos estos “deberes”, flagrantemente ignorados  por la mayoría absoluta del PP en el Congreso,  las administraciones canarias parecen resignadas a esperar que en el Senado sople la flauta y cambien las cosas.

 

En Canarias podrían verse afectadas 150.000 personas

José Luis Langa, abogado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC) lo tiene claro: “La única solución que tenemos ahora es acogernos a la propia Ley, que su disposición transitoria segunda nos permite la presentación de un catálogo de pueblos y edificios que, con su adecuada justificación, podrían ser susceptibles de lograr tratamientos especiales, como ha pasado en Formentera”. En Canarias podría afectar a unas 150.000 personas.

 

Tan claro lo tiene Langa que ya ha comenzado a trabajar con los ayuntamientos del Archipiélago. En poco más de una semana se ha dirigido a todos y cada uno de ellos,  y ya ha conseguido más de una decena de estos censos. La pregunta es si tiene sentido que deba ser la iniciativa de José Luis Langa la que movilice a los municipios para tratar de resolver el problema. O si ese censo existe ya en los cabildos. O si es el Gobierno el que debería ejercer de elemento aglutinador, impulsar y darle curso al procedimiento.  

 

La confusión en este tema es total: en los Cabildos, al menos en los de Tenerife y Gran Canaria, se da por hecho que el Gobierno “ya está haciendo algo al respecto”,  mientras que  desde el ejecutivo de la comunidad autónoma  se apunta, a veces, a las corporaciones insulares, por ser “la autoridad competente en el área litoral”, y otras,  a los propios municipios, argumentando que en los convenios con el Estado lo hacen también directamente. Los ayuntamientos, por su parte, esperaban, en gran medida,  una actuación organizada, que sólo les ha llegado desde la plataforma que preside Langa. Otros, como es el caso de Santa Cruz,  se han limitado a  promover algunas reuniones, a la espera de influir en los senadores canarios.  

 

Mario Pérez, viceconsejero de Política Territorial, estima que Gobierno canario ya ha hecho su trabajo en  reuniones previas,  en mesas sectoriales, con negociación política y dando  impulso a las enmiendas realizadas. Y añade: “Ya sólo nos queda respetar el procedimiento legislativo y confiar en que en el Senado se acepten las enmiendas que ya rechazó el PP en el Congreso”.

 

Sobre la posibilidad de llevar a cabo de forma oficial el trabajo que está desarrollando la PCALC,  Mario Pérez no defiende  claramente a quién le está haciendo el trabajo esta plataforma: “El censo no se ha hecho por parte del Gobierno porque las singularidades de la organización administrativa de Canarias incorpora, al margen de la administración local y la de la Comunidad Autónoma, a los Gobiernos insulares --los Cabildos--, que son los que tienen las competencias en el área litoral”. Sin embargo, preguntado sobre quién debería defender los  núcleos costeros ante el Estado,  de cara a la inclusión  de excepciones en la nueva Ley de Costas, el nacionalista no ve descabellado que lo hiciera cada ayuntamiento de forma individual: “en los convenios del Estado con Canarias, se suele hacer a través de los ayuntamientos, con sus propuestas”.

 

En cualquier caso, el viceconsejero da por hecho  que el  Ejecutivo de Mariano Rajoy debe manejar sus propios datos: “No puede estar actuando a ciegas cuando ordena un derribo o una expropiación, así que debemos suponer que antes ha recibido  toda la información de la Demarcación de Costas de Canarias, que es parte de la administración periférica del Estado”.

 

Así las cosas, en todas las Islas la Ley de Costas coloca ante un futuro más que incierto a núcleos de  población de gran valor etnográfico y muy anteriores a la norma. Como dice José Luis Langa: la Ley no respeta el patrimonio ni la cultura de Canarias, que es la comunidad con más costas, y que tiene   núcleos que son auténticos pueblos canarios nacidos hace siglos”. Mientras, en Formentera,  unos celebran tanto  que sus hijos podrán heredar sus casas costeras  como la permanencia de los chiringuitos. Los ecologistas, en cambio, se revuelven contra unas excepciones que reciben como una condena para el frágil ecosistema del litoral pitiuso,  y una “privatización creciente” del uso de la costa de España.

 

Greenpace reclama un trato diferencial paras sitios de valor etnográfico

La reforma de la Ley de Costas es, para los principales grupos ecologistas de España, más que un auténtico sinsentido, un verdadero “escándalo”.  En este sentido se han manifestado SEO/BirdLife, WWF y Greenpeace, entre otros. Desde la consideración de  Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, de que la reforma “recorta el bien público, blinda concesiones privadas y añade riesgos financieros y jurídicos al Estado”, hasta las de su homólogo de WWG, Juan Carlos del Olmo, que la valora como “un retroceso de 40 años”, las contestaciones han sido contundentes desde todos los frentes proteccionistas.

 

En su informe  “Amnistía a la destrucción”,  Greenpeace  explicaba en su día  que el entonces proyecto de ley ocultaba intereses privados que nada tienen que ver con la protección medioambiental del litoral español.  Y también a intereses ocultos  achaca hoy la organización que los cientos de núcleos y asentamientos  de valor etnográfico no estén  ya legalizados. Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace España lanza  al aire un par de preguntas al respecto: ¿Por qué no se han legalizado estos pueblos, cuando ha habido muchos años para hacerlo y la Ley lo permitía?  Y, al margen de ello, si existen esos hogares, esos pueblos de pescadores de alto  valor cultural o etnográfico, ¿Por qué no se ha hecho reconocer así por sus ayuntamientos en ningún momento de su historia? La respuesta que propone Marcos a  la primera de estas cuestiones es clara: “En la mayoría de los casos, sacar a la luz estos pueblos hubiera supuesto destapar otras irregularidades urbanísticas  y hubiera puesto  en peligro muchos otros  intereses”.

 

Greenpeace considera injusto el tratamiento que están recibiendo estos poblados canarios, si bien cree que la mayoría no tienen serios motivos para temer por su futuro. Con todo, denuncia la injusticia que supone que la ley trate por igual, o incluso peor, a este tipo de asentamientos que a casas de veraneo,  hoteles y puertos  “que no deberían estar donde están y que se han mantenido por razones arbitrarias”, y reclama un trato diferencial, que  hoy no existe.  Un problema que, recalca Pilar Marcos, no existiría si los ayuntamientos hubieran hecho sus deberes en todos estos años, que han sido muchos. “Los problemas no estaban en la Ley de Costas, sino en sus gestores”,  aclara.   Marcos precisa, sin embargo, que no hay que idealizar todos los asentamientos ilegales en la costa, “no debemos ser excesivamente románticos al analizarlos,   porque un pequeño puerto pesquero  o un poblado también puede ser ilegal, tener  su impacto ambiental y ocupar un lugar que es de todos. Hay que estudiar cada caso”.

 

La organización ambientalista tiene claro que la reforma de la ley es arbitraria y permisiva, y un “desastre” para las costas españolas, que tiene su punto de partida en intereses privados. Greenpeace asegura que no es, “ni de lejos”, una norma que busque la protección y uso sostenible del litoral, como indica su nombre, sino  un atentado contra los ecosistemas costeros, que no respeta anteriores pronunciamientos de los tribunales Constitucional y Supremo.

 

El caso de Formentera es, para Greenpeace, un ejemplo evidente. La organización entiende que el gran beneficiado no es otro que Abel Matutes, ex ministro de Exteriores con el Partido Popular y dueño del  Grupo Matutes, y quien ha declarado abiertamente con respecto a la ley   “yo mismo he trabajado mucho en ella”. Para la organización ecologista, queda claro en qué sentido “trabajó” Matutes, ya que “su grupo tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de las salinas de Ibiza, y justamente ahora, la ley, en la disposición transitoria primera, dice lo que sigue:  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables.

 

Greenpeace apostilla lo siguiente sobre este particular: “De la noche a la mañana, con estas líneas incluidas en el proyecto de reforma de Ley de Costas, algunos concesionarios de proyectos de acuicultura o explotación de salinas han incrementado considerablemente sus arcas patrimoniales. ¿Quiénes son los agraciados?: El ex ministro Abel Matutes Juan,  vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE. Para 2012 contaba entre sus prioridades justamente con esta reforma. Matutes es además, presidente de la Mesa del Turismo, un  lobby formado por empresarios vinculados al sector.

 

Resumiendo las críticas ecologistas, la reforma de la ley propone la exclusión “arbitraria”  de su afectación a amplias zonas de dominio público en Serra Grossa y Santa Pola (Alicante), Empuriabrava y Platja d’Aro (Girona), Punta Umbría, Caño del Cepo y casco urbano de Isla Cristina (Huelva),  Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia), además de Formentera.  La norma permite asimismo la “amnistía” a determinadas urbanizaciones y paseos marítimos, a petición de cada ayuntamiento, y a zonas dedicadas a cultivos marinos o salinas marítimas.

 

Algunos apuntes sobre la reforma de la Ley de Costas

La reforma de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, supone una modificación en el alcance del dominio público marítimo-terrestre,  que se fija  hasta el lugar que  hubieran alcanzado las olas en los mayores temporales conocidos. Sólo en los núcleos de población, la zona de servidumbre se reduce de 100 a 20 metros de ancho a partir de esa línea.   

 

Las concesiones aumentan con la reforma hasta 75 años, de manera que las vigentes, que debían expirar a partir de 2018 (1.100 viviendas ese mismo año), no serán demolidas,  sino que se beneficiarán de una posible prórroga extraordinaria de 75 años, que incluye su transferencia inter vivos.

 

En cuanto a los chiringuitos de playa, quedan bajo la protección de esta reforma los que sean desmontables, que podrán beneficiarse también de una ampliación de su concesión de 75 años. En esta situación se encuentran unos 3.000 puestos en España, que sólo en las costas de Andalucía emplean a unas 40.000 personas.

 

Para evitar que los ayuntamientos respalden actuaciones contra la ley, la norma incorpora también el derecho del Estado a intervenir de forma “rápida y eficaz”, suspendiendo administrativamente los acuerdos locales que la vulneren.

 

Las playas naturales logran mayor protección, distinguiéndose y siguiendo normas más estrictas aquellas que se encuentran junto a espacios protegidos o suelo rural.

 

Las industrias, por su parte, para optar a prórroga deberán superar un informe ambiental emitido por la Comunidad Autónoma, si  realizan actividades extractivas, energéticas, químicas, petroquímicas, textiles o papeleras.  Sobre los puertos deportivos, se establece una nueva concesión de 35 años.

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