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Soria apela al principio del no intervencionismo para dejar indefensos a los usuarios ante las subidas bruscas de la luz

Publicado en Nacional
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Por Canarias Cultura & Negocios 

 

A escasas semanas de poner en práctica la enésima reforma eléctrica, una de las más insolidarias y antidemocráticas que se recuerden en la historia reciente del sector en España, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, amenaza con no intervenir en el futuro ante posibles subidas bruscas de los precios de la electricidad.  Así lo ha explicado el titular de ese departamento, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha avisado que dejará las futuras revisiones a merced de los mecanismos establecidos, ya sean las subastas para fijar el coste de la energía o el nuevo sistema automático de corrección de peajes.

 

Lejos de compartir alguna responsabilidad política de su gobierno por la precaria situación del sector energético, Soria ha justificado su posición al considerar que “Hasta ahora, cuando se producía una diferencia entre los ingresos y costes, el Gobierno tenía la discrecionalidad de compensarlo o no subiendo o bajando los precios", señaló el ministro para argumentar que esta situación contribuyó a originar el déficit de tarifa, que en términos acumulados asciende a 26.000 millones de euros.

 

El ministro que al parecer se ha quedado, al menos públicamente, cada vez más solo en sus manifestaciones, ha intentado aclarar la posición del gobierno al matizar que con la reforma se aplicará un mecanismo automático de revisión de peajes en cuanto haya una desviación superior al 2,5% de los ingresos, con lo que esta circunstancia "se reflejará en los precios" sin que haya "discrecionalidad". "Esto es muy bueno, porque los precios nos estarán dando señales exactas de cuál es el funcionamiento del mercado y cuáles son los costes del sistema", matizó.

 

A pesar de las críticas que ha generado sus reformas en el sector, el ministro insiste en que "se ha evitado un aumento del 42%" en el recibo de la luz, frente al 8% de subida final desde 2012. "Pero si el mercado marca una nueva subida, lógicamente eso lo va a reflejar el sistema, porque si no lo hace estaremos reiniciando nuevamente el problema de generación del déficit y, si esto no se soluciona, tendrá que haber soluciones más drásticas de las que se han adoptado", afirmó.



Rogando y con el mazo dando

Los recortes y reformas que está imponiendo el ministro Soria suponen una auténtica masacre de las renovables y una vuelta al modelo industrial del pasado, elitista y discriminador. Durante la entrevista, el ministro ha querido mostrar sus cartas benevolentes con el sector acerca de los nuevos incentivos para el cierre de instalaciones de renovables, pendientes de desarrollo. "No tenemos articulado un sistema como puede ser el sistema de la Sareb en el sector bancario", pero "sí abrimos la posibilidad de que, a quienes no puedan afrontar este tipo de proyectos, podamos buscarles una solución", indicó.

 

El ministro ha empleado también otro argumento recurrente en los debates que afectan al articulado de sus reformas: la ambigüedad. En este sentido, Soria señaló que, a la hora de afrontar estos casos, "la casuística será muy variada". El incentivo se contempla para que, "ante la situación que se pueda dar, podamos sentarnos a buscar posibles soluciones", señaló con más vaguedades que precisiones.

 

Sin embargo, a pesar de esas cautelas introducidas en el informe, Soria no le ha quedado más remedio que reconocer que "Hay miles y miles de inversores en tecnologías como la fotovoltaica, y no es lo mismo un inversor que aportó una autofinanciación del 10% con un crédito del 90% y una inversión de 100.000 euros a otro de inversiones de dos o cinco millones", señaló.

 

Tras constatar la impopularidad de sus medidas, el titular de Industria ha asegurado que el Ministerio de Hacienda cumplirá el compromiso de vehicular este año un crédito extraordinario de 2.200 millones para el sistema eléctrico y de asumir en los Presupuestos Generales del Estado un coste de 900 millones anuales relacionado con el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares. "Son compromisos que van más allá del propio departamento. Son del Gobierno", se ha justificado sabedor del cansancio de la ciudadanía ante la andanada de sus desmedidas reformas y ajustes.


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