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La corrupción en España, en el punto de mira de los expertos (II) Destacado

Publicado en Nacional
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La necesidad de garantizar un ejercicio político en contra de la opacidad que asegure el libre acceso de los ciudadanos a la información institucional, la despolitización de los reguladores que deben controlar la acción de los propios partidos políticos, la posibilidad de garantizar un marco de seguridad jurídica que contribuyan a reducir al máximo el margen de la impunidad, que todavía es tan excesivo y desesperanzador como la lentitud de los tribunales y la carencia de herramientas correctivas contra la partitocracia corporativa. Es lo que esperan la mayoría de los españoles que, en el "Día Internacional contra la Corrupción", ponen el acento en la importancia de sumar a los actuales mecanismos de lucha contra la corruptela una agenda proactiva que abogue por exigir, cuanto antes, mayor transparencia de las Administraciones en el acceso a la información, una manera responsable para gestionar el país y usar el dinero público de un modo ético y siempre buscando el bien común, así como una mayor implicación de la sociedad civil.

 

Por Canarias Cultura & Negocios

 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, elaborado por la ONG alemana "Transparencia Internacional" (TI), España es el segundo país del mundo en el que más ha aumentado la percepción de corrupción este año, por detrás solo de Siria. No es la única Institución que nos alerta de las graves deficiencias de nuestro sistema y de las insuficientes medidas adoptadas para combatir la corrupción sistemática, uno de los problemas claves de la democracia española.

 

En esta misma línea, un reciente informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), iniciativa creada en el marco del Consejo de Europa para impulsar la lucha anticorrupción, advierte que España debe mejorar la transparencia y aumentar los controles sobre los negocios financieros turbios y la financiación de los partidos.

 

Friedrich Schneider, profesor de Economía de la Universidad “Johannes Kepler” en Linz (Austria), toda una institución en el estudio en estos temas, ha elaborado un cálculo para España, en el que estima que el 1% del PIB. Es decir, unos 10.500 millones de euros anuales equivalen al agujero causado por la corrupción en las cuentas españolas. Estas alertas y recomendaciones coinciden, también, con el Barómetro Global sobre la Corrupción (2013), realizado por la ONG Transparencia Internacional, donde el 83% de los españoles piensa que los partidos políticos son corruptos, lo que demuestra la enorme desconfianza nacional que existe hacia la Administración y los representantes públicos.

 

Si a eso añadimos que recientemente, la Secretaría de Estado norteamericana ha denunciado a España como el principal país de Europa en blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el crimen organizado. Y que un estudio reciente de la Universidad de Las Palmas (ULPGC) se atreve incluso a cifrar en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España, fenómeno que según ese estudio tiene una dimensión "mucho mayor" que la que reflejan las estadísticas oficiales. Con toda seguridad podemos afirmar que pocas veces en las historia de la democracia moderna, la corrupción había invadido tanto el patrimonio y los derechos en la gestión pública.

 

La pregunta que se hacen los expertos es hasta qué punto está corrupto el sistema o es la corrupción el sistema mismo en el que se ha apoyado una élite política para anteponer sus beneficios a los intereses nacionales. Los delitos presuntamente cometidos están entre los habituales en el consorcio gobernante: abuso de poder, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, entre otros.

 

Con relación a la posibilidad de controlar de manera rigurosa a los partidos políticos para que sean más democráticos y responsables, las iniciativas lideradas por intelectuales y líderes políticos son numerosas.

 

El PSOE es del criterio que una comisión independiente "formada por personas de reconocido prestigio" de diferentes ámbitos, consensuados por los partidos políticos realice un diagnóstico neutral sobre la corrupciónpolítica, la participación ciudadana, la estructura territorial o la función del Senado. Y que luego presente las propuestas pertinentes.

 

Por su parte, Rosa Diez, líder de UPyD ha defendido en el Congreso de los Diputados una moción por la que insta al Gobierno a que "en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución, sometiendo a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias". Es España más de 10.000 cargos públicos disfrutan de supuestos de aforamiento en los procedimientos judiciales. En esta misma línea,  el exmagistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de la UNED, Vicente Gimeno Sendra, ha señalado que “si un político es corrupto o comete actividades delictivas ajenas a su profesión debe ser juzgado como cualquier otro ciudadano”.

 

En opinión del coordinador federal de IU, Cayo Lara, “hasta que la trama de corrupción en el PP no florezca el PP no tiene ninguna autoridad moral, política ni ética para poder abanderar nada que tenga que ver con la lucha de la corrupción”.

 

Auditorías en el seno de los partidos

Hace tan solo unas semanas, el foro “Por una nueva Ley de Partidos”, liderado por expertos como el economista César Molina, abrió la caja de los truenos al poner sobre la mesa un tema tabú entre los aparatos de los partidos, como es una nueva norma que los obligue a celebrar congresos como mínimo cada dos años y con una fecha fija. La discusión se ha encendido cuando las voces críticas plantearon la elección de los delegados de los congresos con votación secreta entre la militancia, la obligatoriedad de un mandato limitado por parte de los tesoreros de los partidos, además de someter a los partidos a auditorías anuales realizadas siempre por auditores externos y con carácter previo a la presentación de cuentas.

 

Mientras el debate crece, otros analistas recomiendan caminar hacia la despolitización de los reguladores que deben controlar la acción de los propios partidos políticos, cuyos integrantes son hasta ahora designados por las propias fuerzas políticas.

 

Otro punto que está íntimamente relacionado con la anterior propuesta y que reconoce la falta de transparencia de los partidos, es su opacidad a la hora de hacer públicos todos los créditos y préstamos obtenidos de los bancos, por lo que los asistentes al foro consideran que se debería prohibir la condonación de esos créditos por parte de las entidades.

 

Fomentar la ejemplaridad en la promoción de los nuevos cuadros en el seno de las formaciones políticas, premiar su honradez y su vocación de servicio al ciudadano por encima del el modus vivendi que caracteriza acceder a los cargos públicos, incentivar las cuotas de los afiliados como una forma complementaria de financiación de los partidos, o la creación de oficinas de control de buenas prácticas dentro de las fuerzas políticas son otras de las propuestas recogidas en este importante foro de debate.

 

Con el objetivo de poner límites cada vez más rigurosos a las donaciones que pueden recibir las diferentes organizaciones, los grupos parlamentarios se han visto forzados a retomar el debate sobre el marco normativo más adecuado, tras el estallido del caso Bárcenas.

 

Sistema electoral contra Bipartidismo

Queda claro que la democracia española se está poniendo a prueba en todo el mundo occidental, con el añadido de que los representantes políticos no ofrecen soluciones, amparados en la inercia política que les garantiza la complicidad del bipartidismo y su correspondencia colegiada y cómplice en la toma de decisiones trascendentales para el país.

 

¿Pero quién le pone el cascabel al gato?

 

La práctica generalizada de la corrupción en la sociedad española, exige hacer un alto en el camino para repensar dónde hemos llegado y qué debemos hacer.  Algunos expertos plantean la necesidad de elevar un posible equilibrio en el reparto de escaños, sobre la base de una defensa de listas electorales abiertas y desbloqueadas. A su juicio, una de las causas del problema podría estar en el ejercicio de rígida alternaría entre los dos grandes partidos (bipartidismo). Una concentración de votos y manipulaciones políticas que ha traído consigo no sólo un distanciamiento entre representantes y representados, sino el malestar y la incomodidad de una gran parte de los ciudadanos por la existencia de un duopolio en el poder que perpetúa la corrupción por  falta de alternativas.

 

El hecho es que cada vez más voces se suman a la discusión.

 

Por un lado están lo que consideran que la adopción de un sistema electoral basado total o al menos parcialmente en circunscripciones uninominales, así como en listas abiertas, podría favorecer la rendición de cuentas de los representantes públicos (rendición de cuentas personal, no de todo el partido) que se exige insistentemente desde muy diferentes ámbitos de la sociedad.

 

Para otros analistas la fórmula reside en apelar a una reforma de la Constitución, ampliar el número de escaños hasta el máximo permitido (400 diputados) cambiando el prorrateo del reparto de escaños y sustituir la fórmula de reparto de escaños actual (fórmula D'Hont) por otra más proporcional, con el fin de refromar la falta de proporcionalidad y permitir la entrada con (más o menos) fuerza de otros actores de la vida política.

 

Para el politólogo Pablo Simón la relación entre bipartidismo y corrupción podría ser relativa, si se tienen en cuenta algunos estudios que muestran cómo precisamente el bipartidismo fomenta el esfuerzo del partido rival por controlar a la formación en el poder y denunciar sus casos de corrupción, dado que sería el beneficiario directo del eventual castigo electoral.

 

Una hipótesis que nos podría hacer pensar que en el caso de sistemas multipartidistas, al haber más formaciones representadas, el control de las corruptelas podría llegar a ser mayor (simplemente por haber más comisarios vigilantes).

 

Sin embargo, no es descartable en estos sistemas multipartitos podría desincentivarse las acusaciones de corrupción por parte de algunas formaciones, en tanto el beneficiario de conocerse el escándalo puede acabar siendo otro partido o, como ya ha sucedido en la práctica, el posible denunciante forma parte de los gobiernos de coalición que son más probables si no hay bipartidismo.

 

Mayor transparencia y un cambio de cultura política

Considerado un caso único en Europa, España no cuenta aún con una regulación específica contrastada que garantice unos mínimos de transparencia para sus poderes públicos.

 

Después de numerosos debates y trámites burocráticos, el anteproyecto de ley fue aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Ministros. Posteriormente, se abrió un plazo de diez días para que los ciudadanos hicieran sus aportaciones al texto y algunas de ellas se incorporaron.

 

Dos meses más tarde, se aprobó el texto actualizado y se remitió a la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado para que dieran su opinión. En julio de 2012 se dio luz verde al Proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales para la tramitación parlamentaria.

 

A parecer, sin valorar suficientemente la urgencia de la normativa, el Congreso decidió aprobar  por fin el proyecto en septiembre y el Senado, en noviembre. El 28 de noviembre quedaría definitivamente aprobado en el Congreso. No obstante, la parte correspondiente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento de la publicación en el BOE, mientras que la parte de Transparencia e Información tendrá un año de plazo, como máximo.

 

¿Qué quiere decir esto? Que este año de carencia afectará a la Administración General del Estado -Gobierno, los organismos adscritos e instituciones como Congreso, Senado, Banco de España y casa del rey- y las entidades privadas. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, gracias a una enmienda que el PP introdujo en el Senado, tendrán hasta dos años de moratoria. Para entonces ya se habrán celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de 2015. Con este año 'extra' se pretende dar margen a las comunidades que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.

 

Lo cierto es que la esperada Ley de Transparencia, después de un largo período de tiras y aflojas por parte de parlamentarios, políticos y medios de comunicación, aún no podrá establecer sus obligaciones para acercar la Administración a los ciudadanos y para facilitar el control interno y externo de las instituciones evitando la opacidad en su funcionamiento.

 

Algunos expertos van más allá y además de señalar la necesidad de que haya mecanismos de control de la actividad política como leyes de transparencia o anticorrupción, plantean la el compromiso por parte del Congreso de “un cambio de la cultura política, que en España debería haberse producido a principios de los años 90, cuando hubo tantos escándalos como ahora, pero la dinámica de PP y PSOE, que hicieron de frontón, no permitió que ese cambio se produjera y ahora la situación es similar”, advierte Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Granada.

 

De momento, la mayoría de los observadores coinciden en afirmar que la legislación, por sí sola, no servirá de mucho en la lucha contra la corrupción. La experiencia de otros países que hace ya tiempo que abrieron al público toda la información de sus Administraciones, confirma que su cuerpo de interrogantes es tan extraordinariamente amplio que ni ciudadanos ni medios de comunicación dedican demasiado tiempo a desentrañarla.

 

Canarias Cultura & Negocios ofrece a sus lectores algunos aspectos de enorme interés que no incluye la ley y que según apuntó en su día la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aún continúan sujetos a crítica:

 

  1. No se especifica que el acceso a la información de los ciudadanos es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.
  2. Si en un contrato público se recoge una cláusula que impida el acceso a determinada información, la ley no podría acceder a ella.
  3. Hay poca concreción en las excepciones al acceso a la información, que afectan a "seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y en la tutela judicial efectiva".
  4. La norma también fija como límites "las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente".
  5. No se puede solicitar información de manera anónima. La administración no está obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante debe entender su solicitud como rechazada. Es lo que se llama silencio administrativo negativo.

 

 

 

 

 


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