El sector eléctrico español en la posguerra se organizó en torno a un modelo mixto de grandes compañías privadas integradas verticalmente —Endesa, Iberduero, Unión Eléctrica Fenosa, Sevillana de Electricidad— que operaban en régimen de cuasi-monopolio regional bajo supervisión estatal. El Marco Legal Estable establecido en 1987 reguló los costes reconocidos a las empresas eléctricas y garantizó una retribución razonable sobre los activos invertidos, pero consolidó la opacidad del sector y limitó la competencia.
La Ley del Sector Eléctrico de 1997 fue el primer gran intento de liberalización del mercado eléctrico español, impulsado por la directiva comunitaria 96/92/CE sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad. La ley separó las actividades de generación y comercialización —abiertas a la competencia— de las de transporte y distribución, que mantuvieron su carácter de monopolio natural regulado.
El déficit tarifario y la reforma de 2013
La acumulación de un déficit tarifario de más de 26.000 millones de euros, generado por la diferencia entre los costes reconocidos al sistema eléctrico y los ingresos efectivamente recaudados a través de las tarifas reguladas, motivó la profunda reforma del sector aprobada mediante la Ley 24/2013. La reforma introdujo cambios sustanciales en la retribución de las energías renovables, recortando las primas que habían impulsado el boom fotovoltaico y eólico de la primera década del siglo XXI.
Los recortes retroactivos a las renovables generaron una oleada de arbitrajes internacionales contra España ante el CIADI, con indemnizaciones potenciales estimadas en varios miles de millones de euros. El debate sobre la estabilidad regulatoria del sector energético español sigue abierto como consecuencia de esas decisiones.
La Ley de Cambio Climático de 2021
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021 estableció el marco legal para alcanzar la neutralidad de carbono en España antes de 2050, con objetivos intermedios de al menos el 74% de energía renovable en la generación eléctrica para 2030. La ley también prohibió nuevas concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio español.
La evolución de la legislación energética española refleja las contradicciones de una sociedad que ha transitado desde la dependencia casi total de los combustibles fósiles hasta la ambición de convertirse en una potencia de las energías renovables en el horizonte de 2030-2050. Las decisiones regulatorias del pasado —déficit tarifario, primas retroactivas— siguen condicionando el presente del sector y el precio que pagan los consumidores.