El déficit tarifario eléctrico es el resultado de la diferencia entre los ingresos que el sistema eléctrico obtiene a través de las tarifas que pagan los consumidores y los costes reconocidos por la regulación a los distintos agentes del sistema. Cuando los ingresos son menores que los costes reconocidos, la diferencia genera un déficit que se acumula como una deuda del sistema.
En España, este mecanismo se activó a finales de los años 1990 y se agravó progresivamente durante la primera década del siglo XXI. Los gobiernos de distintos signos políticos optaron repetidamente por mantener las tarifas reguladas por debajo de los costes reales, temiendo el impacto electoral de subidas significativas del precio de la electricidad.
El boom renovable como detonante
Entre las principales causas del déficit tarifario destaca el extraordinario desarrollo de las energías renovables durante la primera década del siglo XXI, impulsado por unas primas generosas que la regulación estableció para atraer inversiones en un sector que entonces necesitaba ser incentivado. El boom solar fotovoltaico de 2007-2008, en particular, incorporó una capacidad instalada muy superior a la prevista y generó obligaciones de pago de primas que multiplicaron los costes del sistema.
A ello se añadieron los costes de las moratorias nucleares, las compensaciones a las empresas eléctricas por la transición a la competencia, los costes de los sistemas insulares —incluido el de las Islas Canarias— y los costes de la interrupción del suministro a los grandes consumidores industriales.
Consecuencias: arbitrajes y reformas tardías
La reforma del sector eléctrico aprobada en 2013 intentó cerrar el grifo del déficit mediante recortes a las renovables, reducción de otros costes reconocidos y subidas de las tarifas. Los recortes retroactivos a las plantas fotovoltaicas y eólicas que ya estaban operando desencadenaron una avalancha de reclamaciones arbitrales internacionales que se prolongaron durante más de una década.
Las lecciones del déficit tarifario español han sido ampliamente estudiadas en programas de economía de las principales universidades europeas. La historia ilustra los riesgos de diferir las decisiones difíciles en materia energética: el coste político de unas tarifas altas en el corto plazo puede ser muy inferior al coste financiero y social de acumular deudas que tarde o temprano deben saldarse.