La Ley de Servicios Profesionales ha sido uno de los proyectos normativos más debatidos de la última década en España. Impulsada inicialmente por la Comisión Europea como parte de las recomendaciones de la directiva de servicios, la reforma propone la revisión del sistema de colegios profesionales obligatorios y de las atribuciones exclusivas que determinadas profesiones tienen reconocidas por ley.
Para los ingenieros técnicos industriales y otros colectivos profesionales con atribuciones reguladas, la desregulación propuesta por la reforma plantea riesgos serios. Las atribuciones profesionales —la capacidad legal para firmar proyectos de instalaciones, para dirigir obras o para emitir certificados técnicos— son el resultado de una formación específica acreditada y de un sistema de responsabilidad profesional que protege a los ciudadanos de posibles negligencias.
La posición del COITI Tenerife
José Antonio Galdón argumentó que la eliminación o reducción de las atribuciones exclusivas de los ingenieros técnicos no beneficia al ciudadano sino que lo expone a mayor riesgo. Cuando una instalación eléctrica, una caldera industrial o un sistema contra incendios es proyectado y supervisado por un profesional colegiado con responsabilidad civil y penal, el ciudadano tiene garantías que desaparecen si se permite que personas sin la formación acreditada realicen esas mismas funciones.
El decano del COITI Tenerife señaló también que el debate sobre la desregulación de las profesiones no puede desvincularse de la discusión sobre la seguridad industrial. España tiene uno de los sistemas de seguridad en el trabajo con más margen de mejora de la Unión Europea, y la desregulación de las profesiones técnicas en sectores como la construcción, la energía o la industria química podría agravar esta situación.