La ingeniería técnica industrial es una profesión que opera en sectores críticos para la seguridad y el funcionamiento de la sociedad: instalaciones eléctricas, sistemas de climatización, equipos a presión, instalaciones contra incendios, maquinaria industrial. La regulación de estas actividades no es una restricción arbitraria a la libertad de mercado sino una garantía de seguridad para los ciudadanos que dependen de que esas instalaciones funcionen correctamente.
Cuando las administraciones modifican las normas que regulan quién puede firmar qué tipo de proyectos o certificar qué tipo de instalaciones sin haber consultado previamente a los profesionales que llevan décadas aplicando esas normas, el resultado suele ser una regulación peor diseñada que no resuelve los problemas reales del sector y que genera incertidumbre jurídica tanto para los profesionales como para los ciudadanos.
La demanda de participación
Los colegios profesionales de ingeniería técnica industrial han reclamado sistemáticamente su participación en los procesos de elaboración de normas técnicas y regulaciones profesionales. Esta participación no es un privilegio corporativo sino una necesidad técnica: los profesionales que aplican diariamente las normas son quienes mejor conocen sus efectos prácticos y sus deficiencias.
La tendencia a legislar sobre materias técnicas complejas sin consultar a los expertos que trabajan en esos ámbitos ha producido en el pasado normas difíciles de aplicar, incoherentes con otras regulaciones existentes o directamente contraproducentes para los objetivos declarados. El principio de «legislar mejor» que propugna la Unión Europea exige precisamente lo contrario: consulta previa, evaluación de impacto y seguimiento de la aplicación de las normas.