Las Islas Canarias, como comunidad autónoma de régimen económico y fiscal especial, tienen una relación particular con la hacienda del Estado. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), establecido en su configuración moderna por la Ley 19/1994, reconoce la lejanía y la insularidad del archipiélago como factores que justifican un tratamiento diferenciado en materia de financiación, fiscalidad y ayudas al desarrollo económico.
Sin embargo, las políticas de consolidación fiscal adoptadas por el gobierno de Rajoy a partir de 2012 afectaron también a los mecanismos de financiación de Canarias, limitando las transferencias del Estado y obligando al Gobierno regional a aplicar recortes en servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El contexto de la crisis
En 2013, Canarias era una de las comunidades autónomas españolas con mayor tasa de desempleo —superior al 33% de la población activa— y con mayores niveles de pobreza y exclusión social. La economía canaria, basada en el turismo y los servicios, había sufrido especialmente los efectos de la crisis financiera global de 2008 y de la posterior crisis de deuda soberana europea.
Los recortes en la financiación autonómica se sumaron a esta situación de dificultad económica para crear un estado de malestar social y político que encontró su expresión más visible en las manifestaciones del Día de Canarias de 2013. Las movilizaciones ciudadanas convocadas por sindicatos, organizaciones sociales y partidos de la oposición reunieron a miles de personas en las principales ciudades del archipiélago bajo el lema de la defensa de los servicios públicos y el rechazo a las políticas de austeridad.
Las reivindicaciones canarias
Más allá de la coyuntura de la crisis, el Día de Canarias de 2013 puso sobre la mesa reivindicaciones estructurales que el archipiélago venía planteando desde hacía años: la actualización del Régimen Económico y Fiscal para adaptarlo a las nuevas realidades económicas de las islas, la mejora de la conectividad aérea y marítima con la península y entre las propias islas, y el reconocimiento pleno de la singularidad insular en el sistema de financiación autonómica española.