La Junta Suprema de Canarias, constituida en julio de 1808, asumió el gobierno del archipiélago en nombre de Fernando VII tras la caída de la monarquía borbónica. Formada por representantes de los cabildos insulares, la nobleza local, el clero y la burguesía comercial, la Junta tuvo que afrontar simultáneamente la amenaza militar francesa, las presiones comerciales británicas y las tensiones internas entre las distintas islas del archipiélago.
El comercio era el nervio central de la economía canaria en 1808. Los comerciantes tinerfeños y grancanarios habían construido redes de intercambio con Gran Bretaña, con los territorios americanos de la corona española y con las potencias neutrales del Mediterráneo que les proporcionaban ingresos sólidos y conexiones políticas influyentes. La guerra con Francia y la alianza de España con Gran Bretaña —que se convirtió en potencia protectora de los territorios españoles frente a la ocupación napoleónica— abrió ante la Junta Suprema canaria una ventana de oportunidad inédita.
El proyecto de república mercantil
Entre los sectores más dinámicos de la burguesía comercial canaria circuló en 1808 un proyecto que proponía aprovechar la crisis imperial para constituir las Islas Canarias en una entidad política autónoma —denominada en algunos documentos «república mercantil»— bajo la protección de la corona británica. El modelo que inspiraba este proyecto era el de Gibraltar, cuya soberanía británica había convertido a la colonia en un enclave comercial próspero.
El proyecto nunca llegó a materializarse. La Junta Suprema de Canarias optó finalmente por la lealtad a Fernando VII y a la causa patriota española, rechazando las propuestas que habrían implicado una ruptura con la metrópoli. Las razones fueron tanto políticas —el temor a las represalias si la monarquía borbónica se restablecía— como ideológicas, ya que la mayoría de los miembros de la Junta compartían el sentimiento de pertenencia a la nación española.
Consecuencias históricas
El episodio de 1808 puso de manifiesto las tensiones latentes en la sociedad canaria entre la identidad española y los intereses económicos que acercaban al archipiélago a Gran Bretaña. Esas tensiones no desaparecieron con la restauración de Fernando VII sino que se prolongaron a lo largo del siglo XIX, alimentando debates sobre la autonomía canaria, los puertos francos y las relaciones comerciales con el Imperio británico que jalonaron la historia política del archipiélago hasta bien entrado el siglo XX.
La Junta Suprema de Canarias de 1808 es, en este sentido, un episodio fundacional de la conciencia histórica canaria: el momento en que las islas se interrogaron sobre su propio destino y eligieron, por razones complejas, permanecer dentro del marco político español. Un momento de bifurcación histórica que los historiadores canarios siguen analizando y reinterpretando.